A las puertas de cumplirse 50 años del último golpe de Estado cívico-militar en Argentina, relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron un comunicado denunciando el “rápido deterioro” del liderazgo mundial del país en materia de derechos humanos. 

Los expertos advierten que las acciones de la Administración de La Libertad Avanza (LLA) erosionan un legado de justicia que es referencia para todo el planeta. 

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Desde 2024, los relatores han enviado seis misivas oficiales alertando sobre esta política de desguace. Entre los firmantes se encuentran especialistas en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y derechos culturales, quienes coinciden en que Argentina está cometiendo “un error histórico» al relativizar los crímenes de lesa humanidad. 

Desmantelamiento de las instituciones de la memoria

​El informe de los expertos detalla una estrategia sistemática del Gobierno de Javier Milei para favorecer los reclamos de los perpetradores de la dictadura, a través de medidas como la desarticulación de los equipos que relevaban los archivos de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, la eliminación del cuerpo de peritos para juicios de lesa humanidad y el desmantelamiento de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos; Reducción de las capacidades de la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) y vaciamiento de sitios de memoria, y el descenso del rango ministerial de las áreas de Derechos Humanos.

​Negacionismo y «discursos de odio»

​La ONU fue enfática al señalar que el discurso oficial de la Casa Rosada busca «reescribir el pasado» con narrativas negacionistas. 

Los relatores recordaron el episodio de noviembre pasado, cuando el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, negó la cifra de desaparecidos ante un organismo de Naciones Unidas, dejando en evidencia la postura ideológica del Ejecutivo.

​“Las autoridades deben abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio... Intentar reescribir el pasado constituye una violación de los derechos humanos”, puntualizaron los expertos.

​Asimismo, se refirieron a la prohibición estricta de indultos para responsables de crímenes graves, advirtiendo que Argentina no puede retroceder en los avances logrados desde el Juicio a las Juntas y la condena de más de 1.200 represores.

​La provocación fallida del 24 de marzo

El 24 de marzo de 1976, los militares junto a sectores dominantes de la sociedad civil, con el asesoramiento de la Casa Blanca dieron el sexto golpe de estado en Argentina; los anteriores fueron en  1930, 1943, 1955, 1962 y 1966.

En los 53 años que transcurrieron desde el golpe de 1930, hasta que cayó la última dictadura cívico-militar en 1983, hubo seis regímenes ilegales en el poder, habiendo estos sumado 25 años en total, por donde se cruzaron 14 dictadores con el título de «presidente» y varias autoridades de facto a lo largo y ancho del país. Hubo también varias decenas de golpes de Estado frustrados; el último intento de golpe de Estado se realizó en diciembre de 1990.

En ese período todas las experiencias de Gobierno elegidas democráticamente entre radicales y justicialistas fueron interrumpidas mediante golpes de Estado, en disputas de poder entre grupos económicos poderosos argentinos y contra el movimiento obrero, pero también como producto de la geopolítica estadounidense.

​En vísperas de un nuevo aniversario del golpe, trascendió que el Gobierno planeaba estrenar un vídeo en el predio de la ex ESMA (antiguo centro clandestino de detención) para intentar desresponsabilizar a las Fuerzas Armadas del plan sistemático de exterminio. 

Sin embargo, ante la presión internacional y social, fuentes del Ministerio de Justicia indicaron que la pieza audiovisual «no va a materializarse».

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